Han transcurrido ya 35 años desde que se aprobaran la CE y el EAPV, respectivamente. Resulta inaplazable replantear con serenidad el alcance y la virtualidad de aquel gran Pacto en lo que hace referencia a la relación entre el Estado y el País Vasco. Y ese replanteamiento viene determinado, cuando menos, por dos razones a cada cual más importantes. En primer lugar, la necesidad de rectificar y superar los defectos o problemas detectados tanto en el modelo constitucional de 1978 como en su aplicación práctica. En segundo lugar, la necesidad de adecuar ese modelo a las nuevas realidades surgidas con el advenimiento del siglo XXI y que se expresan de forma muy gráfica en el proceso de globalización, y en nuestro caso -particularmente- en el proceso de integración europea.