Desde los antecedentes de la Segunda República en el llamado «Pacto de San Sebastián» y desde el primer día de su proclamación, el 14 de abril de 1931, la «cuestión catalana» hizo acto de presencia. Y esta cuestión se coló de rondón durante el corto, pero muy intenso, proceso constituyente, cuando el debate de la nueva Ley Fundamental por unas Cortes políticamente muy atomizadas (en la que los partidos nacionalistas de Cataluña, sobre todo, pero también del País Vasco e incluso de Galicia elevaron su voz en defensa de sus respectivos autogobiernos) se mezcló con el del proyecto de Estatuto de autonomía catalán. La naturaleza federal o unitaria de la República fue, junto al problema religioso, el que suscitó más largos y enconados debates en el seno de las Cortes Constituyentes. Al final salió victoriosa una fórmula híbrida y radicalmente novedosa en nuestra historia, el llamado «Estado integral». A tenor de él se articuló la autonomía en Cataluña, aunque a trancas y barrancas, y también, ya en vísperas de la Guerra Civil, en el País Vasco, mientras quedó abortada en Galicia. Pero las voces que clamaron contra las autonomías regionales y contra el «Estado integral» que las había permitido, no dejaron de oírse desde la entrada en vigor de la Constitución republicana, exigiendo el restablecimiento de un Estado uniforme, (sostén de una España exclusivamente castellana) incluso por la fuerza de las armas. Fue eso precisamente lo que acabó ocurriendo con el triunfo de Franco.