La distinción entre nacionalidades y regiones establecida en la Constitución pretendía, más allá de la propia descentralización política, configurar a España como un Estado plurinacional integrador de pueblos diversos con lenguas, culturas e instituciones propias. Tal distinción no ha tenido efectos prácticos a lo largo de todos estos años. Ello ha provocado una situación de conflicto entre el estado y ciertas comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco. Se plantea, por ello, la necesidad de recuperar y otorgar efectos prácticos a la distinción entre ambas realidades.